La responsabilidad disciplinaria se fundamenta en la capacidad que tiene toda persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, así como la relación de la causalidad que le une directamente con el acto que realice. De esta forma, la ley 734 de 2002 del Código Disciplinario Único, establece las distintas sanciones que se pueden imponer a los funcionarios como consecuencia de la violación a sus deberes u obligaciones, o a la inobservancia de las prohibiciones e incompatibilidades que establece esta ley para la función pública.